La televisión pública necesita una reforma a fondo, pero quizá no una reforma “de fondo”. Es una propiedad demasiado valiosa que a algunos les interesa destruir.
28 de Marzo.- En Austria, la televisión pública austriaca se financia por cuotas que pagamos todos (o casi) los que vemos la tele y escuchamos la radio (el famoso GIS) y una parte de financiación que viene de los presupuestos del Estado. Este modelo doble hace que la ORF sea muy poderosa, naturalmente. Porque tiene recursos para serlo. Para bien, y para mal.
Para bien, porque evidentemente, en el telediario de máxima audiencia nadie tiene por qué tener miedo de explicarle a la ciudadanía cosas como que el hoy ministro del interior, Herbert Kickl, ha tenido en el pasado vínculos frecuentes con una organización de extrema derecha (los identitarios). Para mal porque, evidentemente, muchas veces fallan los mecanismos de control a la hora de dar luz verde a proyectos o aprovechar bien los recursos.
No tanto por lo segundo como por lo primero, la televisión pública austriaca está en el punto de mira de la parte más extremista del Gobierno, que tiene el máximo interés en neutralizar a la ORF en tanto que difusor de información no controlable y, por lo tanto, potencialmente peligrosa para su imagen pública. De momento, no ha podido hacerlo de manera eficaz cerrándole el grifo de los fondos (lo está intentando, como veremos luego) pero los dirigentes del FPÖ han hecho hasta ahora todo lo que ha estado en su mano para tratar de minar la credibilidad de los periodistas que trabajan en la ORF y para intentar acusar a sus periodistas de parciales, cuando no de mentirosos (la famosa polémica entre Strache y Armin Wolf que es el cuento de nunca acabar).
La última idea del Gobierno es la de eliminar el GIS, o sea, las cuotas que pagan los telespectadores y que los länder confederados (o sea, las comunidades autónomas) financien la ORF.
Naturalmente, de entrar en vigor, este sistema tendría una doble ventaja para el Poder : de un lado, la ORF recibiría menos dinero y se vería obligada a encoger considerablemente, con lo cual es previsible que una parte de los actores privados en el mercado austriaco de la comunicación pudieran expandirse (por ejemplo, Servus TV, que es un canal privado pagado por Red Bull, cuyo propietario es un notorio simpatizante de la ultraderecha austriaca ; o el grupo que sostiene el antiguamente llamado Österreich y su televisión, que son el boletín oficioso del FPÖ, cuyos cargos siempre tienen los micrófonos abiertos).
Por otro lado, es obvio que el Poder empezaría a tener una influencia perniciosa en la línea editorial de la ORF –quien paga, exige- ; ambas cosas condenarían a una empresa que hoy por hoy es el medio de comunicación más importante de Austria –y de notable calidad diría yo- a una previsible insignificancia, como ha sucedido con su equivalente celtíbero TVE, que es hoy apenas una sombra de lo que fue.
La ORF necesita una reforma, naturalmente. Porque ni los espectadores ni la tecnología son los de 1960, ni siquiera los del 2000. Porque un modelo de negocio, el de la televisión lineal, está muriendo y se terminará con la generación que empezó a ver la televisión en el siglo pasado (los espectadores que se enfrentan a la parrilla como los comensales se enfrentan al menú en un restaurante).
Pero necesita una reforma que garantice su subsistencia, porque los ciudadanos que vivimos en Austria tenemos el derecho de que nos informen con calidad, con precisión, con fiabilidad y también que esa información aborde aspectos –la cultura, la religión, la sociedad- o a sectores (las minorías étnicas o lingüísticas) que las televisiones privadas no tocan porque no son espectáculo y, por lo tanto, no son susceptibles de convertirse en negocio.
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