A partir de mañana entran en vigor nuevas normas para controlar los contagios y tratar de incentivar la vacunación. Entre los comerciantes y el Gobierno, las espadas están en alto.
14 de Septiembre.- Hoy, como pronosticaban los modelos matemáticos que maneja el Gobierno austriaco, se han alcanzado los doscientos pacientes en las unidades de cuidados intensivos (y subiendo).
A partir de mañana miércoles, entrarán en vigor las normas siguientes, al objeto de intentar limitar los nuevos contagios y, a ser posible, incentivar a los remisos a vacunarse:
• Los tests de antígenos solo tendrán validez durante 24 horas
• Obligatoriedad de las mascarillas FFP2 en los lugares en donde ahora bastan las mascarillas higiénicas (supermercados y tiendas de primera necesidad, transportes públicos)
• Recomendación de mascarilla FFP2 en el resto del comercio, obligatoria para los no vacunados (la policía comprobará mediante controles aleatorios)
• 3G para actos públicos a partir de los 25 asistentes.
Es precisamente la penúltima norma la que ha causado un hondo malestar entre los comerciantes, que se están resistiendo como gato panza arriba a tener que controlar que los no vacunados lleven la mascarilla FFP2.
Su malestar es lógico: temen perder público.
Los antivacunas son, aún, muchísimos (un cuarenta por ciento de la población austriaca) y, por pura probabilidad estadística, es probable que, en cada tienda, salgan a uno o dos incidentes desagradables al día (ya se sabe, además, que los antivacunas tienen la piel muy fina).
En las ciudades grandes, vaya que vaya, pero en los pueblos (y Austria es un país de pueblos pequeños, que ya se sabe que son infiernos grandes) en donde muchas veces hay una tienda o dos, los comerciantes temen, aunque ataquen con otras cosas, que el tendero que haga el control menos exhaustivo se llevará el gato al agua.
A lo largo del día de hoy -aunque la cosa ya dura desde el ayer, momento en el que el Ministerio de Sanidad aprobó la ordenanza- los comercianes se han enfrentado con la ministra de economía, la Sra. Schramböck, a cuenta de si el control de las mascarillas de los antivacunas es obligatorio u opcional. Y añado yo, con el objetivo último de que no haya diferencias entre los vacunados y sin vacunar (lo cual va muy en contra de la, aceptémoslo, timorata y tímida intención del Gobierno)
La norma, tal como está redactada, es algo ambígua y a esto se han agarrado los comerciantes para pasar al ataque y ponerle las peras a cuarto a la ministra (en el fondo, lo que no quieren los comerciantes es que sus tiendas se vuelvan lugares poco atractivos para una parte de la población, los antivacunas).
Schramböck había hablado la semana pasada de que la policía sería la encargada de controlar si los no vacunados llevaban la preceptiva mascarilla FFP2 y no ve contradicción con la norma que se publicó ayer. Estos controles policiales serían (serán) aleatorios (o sea, y sin querer desconfiar de la policía austriaca, el pito de un sereno).
Según el Ministerio de Economía, con su ministra a la cabeza, la opción de control e „información“ sobre las mascarillas FFP2 para los comerciantes siempre ha sido opcional y para el Gobierno era importante „darle a los comerciantes esa posibilidad“ (la de control). „Nuestros comerciantes -ha dicho la ministra- son libres de utilizar los instrumentos que se adecúen a su realidad empresarial“.
Los sindicatos también han reaccionado contra la nueva ordenanza, diciendo que, „en ningún caso“ los empleados deben ser los encargados de controlar que las personas sin vacunar utilicen unas mascarillas y los vacunados otras (o ningunas).
Lo cierto es que el Gobierno se enfrenta a un dilema de difícil solución: no hay manera de hacerle la vida más complicada a los no vacunados (y así incentivarles a que se vacunen) sin provocar algún daño colateral en la economía y, lo que a los políticos les importa más, sin sufrir un desgaste que, a la postre, terminase trayendo al poder a un hipotético partido antivacunas (de hecho, en las elecciones regionales de Alta Austria los antivacunas tendrían ya el 4% que hace falta para entrar al Parlamento).
Es una situación parecida a la que fue eterna discusión sobre prohibir el tabaco en la hostelería, que solo se zanjó en el momento en el que se aplicó la única solución sensata: que fuera imposible fumar en absolutamente todos los locales.
En este caso, la única solución sensata (por practicable) sería que se aplicase la regla de las 3G para entrar en aquellas tiendas que no fueran de primera necesidad y, sobre todo, que los tests costasen dinero. Sería, además, lo justo. Sería, además, demostrar que la salud pública es una prioridad. Sería, en cualquier caso, una solución bastante poco típica de Austria, un país famoso por preferir ponerse cien veces amarillo que una vez colorado.
Quiero terminar con una buena noticia: el desempleo sigue bajando en Austria. El Ministro Kocher ha comparecido hoy ante la prensa para explicar que, en este momento, hay en Austria 272.578 personas sin trabajo (inscritas en el Servicio Público de Empleo) según Kocher esto es casi el nivel de desempleo anterior a la llegada del virus malandrín y solo hay „2500 parados“ más que antes de la crisis -tomando como referencia 2019-.
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