Johanna Mikl-Leitner ha presentado hoy un paquete de medidas para animar a los remisos a integrarse a como dé lugar.
14 de Noviembre.- Johanna Mikl-Leitner es la gobernadora de Baja Austria, el Bundesland más grande de Austria. Durante mucho tiempo, fue uno de los santuarios intocables del Partido Popular austriaco (ÖVP). De un tiempo a esta parte, sin embargo, la implacable erosión de la democracia cristiana en Austria, propiciada sobre todo por la pérdida de peso en la opinión pública de la Iglesia Católica y por la biología -los votantes del partido conservador se mueren de viejecitos, los pobres- ha provocado que, para poder seguir gobernando, tuviera que buscar el apoyo de la extrema derecha.
Desde entonces, Mikl-Leitner hace lo que puede para intentar cimentar una mayoría que le libre en el futuro de la rémora de tener que gobernar junto a Udo Landbauer, el jefe de la extrema derecha en Baja Austria y una de esas personas que hacen que pongas en la misma frase su nombre junto a nombres de reptiles o de anélidos.
La extrema derecha es experta en acaparar la atención pública mediante su bien engrasada maquinaria propagandística, maquinaria que le envidian todos los partidos, y que todos los partidos tratan de imitar con un éxito, hasta ahora, muy reducido.
Es teniendo todo esto presente como hay que leer la iniciativa presentada hoy por Johanna Mikl-Leitner de “tolerancia cero” con el antisemitismo y contra las familias “que rechazan la integración”.
Entre otras medidas, se sugieren las siguientes:
-Que nadie pueda obtener la ciudadanía austriaca solo con seis años de residencia en el país, sino que haya que vivir aquí una década. La excepción a esta medida serían los ciudadanos de la Unión, islandia, Liechtenstein y Noruega.
-Curso obligatorio para pasar el examen de ciudadanía, con énfasis en derechos fundamentales, integración, democracia y también el reconocimiento del Estado de Israel.
-Visita obligatoria a un campo de concentración, en el marco del curso que mencionaba en el punto anterior.
-Retirada de la ciudadanía austriaca a las personas que tengan la doble ciudadanía, si hay una condena en firme por delito de odio o por la ley de prohibición (del nazismo, antisemitismo, etc, la famosa Verbotsgesetzt).
Pero sin duda el punto que levantará más polémica es que Johanna Mikl-Leitner quiere que la falta de integración le cueste dinero a las familias.
“Necesitamos definiciones más claras de las obligaciones escolares y sanciones más estrictas en el caso de violación de esas obligaciones. Quien no tome voluntariamente la mano tendida para la integración en nuestra sociedad, tiene que ser sancionado de manera perceptible financieramente”, ha declarado.
Se habla de multas de entre 440 y 2500 euros.
He aquí algunos puntos adicionales:
–Conversaciones obligatorias entre los padres y los maestros ante faltas de comportamiento, acoso escolar o violencia, así como en faltas de disposición a la integración. Entre las faltas muy graves se consigna el rechazo a la enseñanza en alemán, a pesar de conocer el idioma, o apartar a las chicas de toda la enseñanza o de determinadas materias, como la natación.
–Visitas obligatorias a campos de concentración
–Cooperación obligatoria de los padres con los maestros y la dirección de los colegios. Por ejemplo, no se toleraría el rechazo a hablar con maestras.
–Aplicación obligatoria de las medidas que se acordasen en las conversaciones entre maestros y padres (por ejemplo cursillos anti violencia).
Yo no tengo hijos en edad escolar y tampoco vivo en Baja Austria. Al leer este catálogo de medidas, sin embargo, uno no tiene por menos que preguntarse hasta qué punto los problemas que se revelan en ellas son tan graves y están tan presentes en la comunidad educativa como para tener que implantar este régimen draconiano.
También se plantea uno si la aplicación de estas medidas no puede ser altamente contraproducente, aislando todavía más a quienes ya se supone que están aislados. El tiempo lo dirá.
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