Muchos tenían la esperanza de dejar de pagar por la radiotelevisión pública, pero hoy el Constitucional les ha pinchado el globo.
1 de Julio.- Quizá recuerde el curioso lector que hace algún tiempo cambió el sistema de financiación de la radiotelevisión pública austriaca.
El cambio se debió a una queja que se presentó ante el Tribunal Constitucional austriaco (Verfassugsgerichthof). Se argumentaba que las personas que no pagaban según el sistema vigente hasta entonces, el GIS, podían disfrutar gratis de la oferta de la ORF si tenían un ordenador conectado a internet, ya que la radiotelevisión pública austriaca emitía en directo a través de la red.
Sus señorías se quitaron los birretes, se rascaron la coronilla, suspiraron y dijeron:
-Pues anda, es verdad. Esto hay que arreglarlo.
Y conminaron al Gobierno a encontrar una solución para que pagara todo el mundo.
Así pues, el GIS se sustituyó por una tasa que es obligatoria para todos los hogares y las empresas.
Esto levantó el consabido revuelo, particularmente entre la parte más indocumentada de la población, que no entendía por qué tenían que pagar por un instrumento de cultura que no utilizaban.
Naturalmente, la extrema derecha (el partido de las clases medias bajas y bajas) se sumó inmediatamente a esta oportunidad de presentar la radiotelevisión pública como un instrumento de las “élites” no solo para sacarle el dinero a las clases bajas mencionadas más arriba, sino también para distribuir narrativas que los ultras consideran perniciosas, como por ejemplo la demonizada Agenda 2030 de la ONU, la eficacia de las vacunas o la situaición de emergencia en la que nos está colocando el cambio climático.
Por supuesto, había también otro objetivo más o menos oculto: la tele pública, en tanto que medio obligado a funcionar con objetividad, ha sido desde siempre una china en el zapato de los ultras, que han construido poco a poco un cinturón de pseudomedios que se repican unos a otros y que son el espejo del ecosistema reaccionario y de tendencias autoritarias que ha llevado al poder a Donald Trump (Breitbart y cosas así, salvando las enormes distancias en presupuesto y difusión, naturalmente).
Una ORF con una financiación dependiente más tarde o más temprano sería doblegada por los intereses partidistas y por la línea editorial del Gobierno de turno.
En esta línea, la extrema derecha prometió que, si llegaba al poder tras las últimas elecciones, lo primero que haría sería derogar la famosa tasa y despedazar la radiotelevisión pública que es, sin duda, una de las piezas fundamentales del Estado de Bienestar en este país.
Instigados por la extrema derecha hubo muchos ciudadanos que presentaron quejas ante el Constitucional austriaco. El argumento era que, si ellos no tenían televisión, no tenían por qué pagar una cosa que no gastaban.
A los que decíamos que este argumento era una chorrada como un piano (al fin y al cabo, todos contribuimos al sostenimiento de servicios públicos que no utilizamos o que utilizamos muy poco) los pobres diablos y las pobres diablas intoxicades por la propaganda ultra nos decían que ya veríamos cuando el Tribunal Constitucional fallara.
Pues bien: ha fallado hoy, y ha dictaminado, para sorpresa de casi nadie, que la tasa que se paga por la televisión y la radio es perfectamente constitucional. No solo por que la ORF presta un servicio importantísimo al país y como tal debe ser protegida, sino también porque, aunque no se utilice, la mera disponibilidad del servicio y, por lo tanto, la oportunidad de usarlo en cualquier momento, ya implica la obligación de sostenerlo.
Sería una cosa parecida y valga la comparación, a las unidades oncológicas de los hospitales.
Por supuesto, hay muchas personas que, para su bien, no necesitan nunca de los servicios de un oncólogo. Pero eso no implica que en cualquier momento se puedan poner enfermos o que la solidaridad con otros tales lleve a que los impuestos se utilicen para esto.
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