Un usuario austriaco ha ganado hoy una batalla contra la plataforma antiguamente conocida como Twitter.
26 de enero.- Una de las estrategias de los malos en esta guerra que vivimos es la batalla psicológica.
Es en el fondo la misma estrategia de los maltratadores, esto es, intentar que pensemos que toda resistencia, aunque sea mínima, es inútil, de manera que, poco a poco la desmoralización acabe con cualquier conato de oposición.
El ataque es brutal y omnicomprensivo, hasta el punto de intentar que ni siquiera pueda pensarse en luchar contra esos grandes conglomerados que son, por ejemplo, las empresas tecnológicas que comercian con nuestros datos.
Y sin embargo, por lo menos en la Unión Europea las leyes están en vigor (todavía), y todos sin excepción estamos obligados a cumplirlas. Tanto si somos pobres piltrafillas sin estudios, como es el caso de quien esto escribe, o enormes empresas con miles de millones anuales de facturación.
Hoy, por ejemplo, el alto tribunal austriaco ha sentenciado en contra de la empresa que está detrás del antiguo Twitter. La entidad está obligada, según las leyes austriacas, a proporcionar información sobre sus usuarios aunque no tenga sede en Austria, solo por operar dentro del territorio del país. Según la ley comunitaria, las empresas tecnológicas tienen esta obligación siempre que concurra un interés perentorio, como en el caso de los llamados delitos de odio.
El conflicto que ha originado la sentencia es un ejemplo de libro. Un buen día, un ciudadano residente en Salzburgo encontró un post en la antigua Twitter el cual post, en su opinión, era “falso y difamante”. Problema: el mensaje estaba escrito desde una cuenta anónima. Por lo tanto, para poder iniciar acciones legales contra el autor o los autores del mensaje, debía saber sus datos los cuales, naturalmente, obran en poder de la empresa propietaria de la red social que desviste a menores y las pone en bikini sin su consentimiento ni de sus tutores legales.
En una primera instancia, los tribunales le dieron la razón al usuario; sin embargo, Twitter ganó en segunda instancia.
El usuario recurrió entonces al Supremo, que le ha dado la razón, argumentando que los tribunales austriacos son competentes en este tipo de litigios, a pesar de que la filial europea de Twitter tenga su sede en Irlanda.
La costumbre, en el caso del comercio electrónico, es que prime el derecho del país de procedencia del bien o servicio del que se trate. Sin embargo, el alto tribunal austriaco ha recordado que esto es solamente eso, un uso, una costumbre, y que no es de ningún modo una cosa que haya que seguir a rajatabla.
En el caso de que haya una “ofensa personal grave” es lícito para un tribunal austriaco pedirle cuentas a las plataformas, a pesar de que no tengan una infraestructura en el país de residencia de los usuarios en conflicto.
La medida ha sido acogida con gran contento en los círculos de los activistas por los derechos de los usuarios, que han celebrado la sentencia, la cual se esperaba desde hacía meses. No es el primer caso y los activistas austriacos por la protección de datos son especialmente activos.
Y es bueno que así sea. Que sigan ondeando las banderas del descontento.
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