El periodista Armin Wolf y la empresa detrás de la plataforma X tienen un conflicto. De su resolución depende el futuro de nuestra democracia.
3 de Julio.- Desde hace muchos años modero y administro el grupo de Facebook “Españoles en Viena”. La verdad es que ahora, como en Facebook solo vivimos personas de una cierta edad, las aguas se han calmado mucho pero hace, pongamos, diez años, el panorama era muy distinto. Las discusiones eran muy acaloradas y todos los días se presentaban conflictos que había que arbitrar de la mejor manera posible.
Los peores eran aquellos que implicaban a esa gente que se define a sí misma como “sincera” pero que, en realidad, solo es maleducada.
En general, cuando se les llamaba la atención, ese tipo de personas reaccionaban airadamente, diciendo que eran víctimas de la “censura”. En algunos casos, se daba el caso de que estas personas, supuestamente hartas de ser silenciadas, se montaban otros grupos de cuyos nombres solían colgar la coletilla “sin filtro” o “sin censura”. En estos grupos de Facebook, al principio, se hacía mucho alarde de no borrar ningún comentario insultante o ningún post que tocase temas políticos. Al cabo de poco tiempo, sin embargo, sucedía que estos grupos, que no contaban con ningunas reglas ni sistema para regular los conflictos, terminaban abandonados incluso por sus creadores, porque las publicaciones desaparecían en un marasmo de ruido, insultos y publicidad más o menos engañosa.
La moraleja de esta historia, que creo que no es la primera vez que cuento, es que no existe libertad sin que haya mecanismos de resolución de conflictos, aunque sean muy sencillos, lo mismo que es imposible que haya libertad sin un mecanismo de moderación.
Twitter, el actual X, prometía en sus inicios ser una especie de plaza pública virtual y durante mucho tiempo fue un espacio muy útil para conocer la conversación pública. Sin embargo, cuando fue adquirida por Elon Musk, este prometió “más libertad de expresión” y empezó a eliminar los mecanismos de moderación que, de manera paradójica, eran los que garantizaban la libertad de expresión. El resultado fue que X, la antigua Twitter, se convirtió en lo que hoy conocemos: o sea, en una especie de alcantarilla en donde campan a sus anchas los trolls, especialmente los trolls de extrema derecha, entre ellos, y no en menor lugar, el propio Elon Musk.
Hasta el momento, estas plataformas, singularmente X, operan en una impunidad práctica, de manera que si una persona que me tiene ojeriza se hace una cuenta anónima y, desde esa cuenta anónima, dice que yo he matado a mi madre y la tengo escondida en un arcón frigorífico en el sótano de mi casa, para mí, damnificado por esta historia descabellada, resulta imposible ni que la plataforma borre el post (la famosa “libertad de expresión”) ni que la plataforma me proporcione los datos del ciudadano que me tiene ojeriza, de manera que podamos dirimir nuestras diferencias ante un tribunal.
En octubre de 2025, Armin Wolf presentó una querella ante la fiscalía austriaca, denunciando que X, la plataforma de Elon Musk, actuaba como encubridora de los usuarios anónimos que le difamaban todos los días desde la plataforma.
A requerimientos de la justicia, X se negó, por un lado, a proporcionar datos de los usuarios autores de estos posts delictivos y, por otro, a borrar estas publicaciones difamatorias.
Sin embargo, esto puede haber cambiado. Según publica Armin Wolf en su blog, la fiscalía ha iniciado diligencias contra X al considerar que, con su comportamiento antidemocrático facilita y protege la existencia de “granjas de trolls” que atacan de forma combinada a diferentes personalidades y ciudadanos particulares, sin que estos puedan defenderse.
Hasta ahora, X se ha negado a proporcionar los datos de estos trolls argumentando que “no estaban almacenados en Europa” pero !Ay, amigo! Desde que entró en vigor la Digital Services Act de la Unión Europea, y dado que la matriz europea de X tiene su sede en Irlanda, esa matriz irlandesa de X tiene la obligación de que la central americana envíe los datos a Europa para su tratamiento consiguiente.
Esta historia no es ninguna tontería y en realidad es la manifestación de un conflicto. La pregunta, vital para la supervivencia de nuestras democracias es ¿Quién tiene más poder, una compañía, por muy poderosa y transnacional que sea, o nuestros Estados-nación, cuyo sistema judicial es manifestación de la libertad libremente expresada en los Parlamentos? ¿Puede una empresa saltarse las leyes y pisotear los intereses de los ciudadanos europeos sin consecuencias?
A las empresas -especialmente a las empresas tecnológicas, que no cesan de acumular poder- un artefacto regulatorio altamente eficiente, como la Unión Europea, les resulta incómodo. Para ellos, una ley como la Digital Services Act representa un obstáculo para la explotación sin control del llamado “nuevo petróleo”, nuestros datos, y con ello, una pérdida de millones que quieren evitar a toda costa.
De quien venza en esta batalla depende el futuro de nuestras democracias.
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