
Todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a los menores de las redes sociales y de la pornografía. La cuestión es cómo.
31 de Julio.- Alrededor de mi adolescencia, o sea, en los noventa del siglo pasado, la cosa se empezó a poner seria para los fumadores. A pesar de que la industria del tabaco movía miles de millones de euros, hubo un momento en el que los Gobiernos dijeron basta y empezaron a acotar espacios para no fumadores. Las prohibiciones se han ido ampliando, hasta llegar a lo que hoy, en España, es casi el paraíso. O sea, que los fumadores solo pueden fumar, prácticamente, en su casa.
Alguien podría decir que se hubiera podido prohibir el tabaco del tirón. Sin embargo, la historia ha demostrado que esas prohibiciones drásticas son contraproducentes. En general, generan delito en forma de mafias y contrabando. En segundo lugar, y por razones obvias, es imposible controlar la calidad de la droga, con lo cual, el adicto se acaba metiendo cualquier cosa y es peor el remedio que la enfermedad (en Rusia la gente se bebe el limpiacristales y el lubricante para motores). Así pues, hay que ir con un ten con ten, eliminando la cosa mediante la educación. Esto implica seguir permitiendo el consumo pero crear mecanismos para controlar la edad de los que acceden a la droga.
En Austria, por ejemplo, no se puede comprar tabaco en una máquina sin una tarjeta de débito que certifique la mayoría de edad del comprador. En principio, esa comprobación no queda registrada en ninguna parte. O sea, que el Estado no puede saber si soy fumador (que no lo soy) o no.
Hace ya rato que los Gobiernos se han dado cuenta de que las redes sociales y la pornografía por internet están propiciando lo que Oliver Sacks llamó “la catástrofe neurológica de nuestro tiempo”. Los algoritmos, que controlan nuestra secreción de dopamina, están concebidos para producir personas imbéciles, a base de reducir nuestra ventana de atención a unos pocos segundos. Se impone, pues, tomar medidas. Sin embargo, al contrario de lo que sucede con el tabaco que, en general, se compra en sitios públicos, la navegación por internet es una cosa que se hace en la privacidad y que afecta a un valor que nuestras democracias tienen por sagrado: el secreto de las comunicaciones.
El control de edad para acceder a contenidos en internet (redes sociales y pornografía) es un asunto, pues, delicadísimo. El ministerio competente, capitaneado por el vicecanciller Babler, ha presentado un proyecto de ley contra el que se ha levantado (con razón) una considerable resistencia. Plantea el control de acceso a las redes sociales basándose en ID Austria, en la firma electrónica. También plantea hacerlo de manera que sea totalmente segura para los usuarios, de manera que queden a salvo del escrutinio público (y de los hackers) las preferencias sexuales de la gente, materia reservada. Todo esto tiene un problema y es que la tecnología de la que se habla en el proyecto de ley, a día de hoy, simplemente no existe.
Por poner un ejemplo, ID Austria utiliza los servidores del Ministerio del Interior austriaco. Desde el Gobierno, se dice que, para cuando entre en vigor la ley, existirá un sistema de doble ciego. O sea, que no habrá vínculo entre los datos personales del que quiera entrar a Instagram o mirar un video de PornHub y el control de edad. Se dice que se van a reubicar los servidores de ID Austria. La ley debe entrar en vigor en enero de 2027, un plazo muy poco realista para licitar una obra que, presumiblemente durará varios meses.
Mientras tanto, habrá un volumen de datos que, en la práctica, serán una radiografía del país como ningún Gobierno totalitario, ni siquiera la Rusia de Putin, se atrevería a soñar. Imaginemos que las próximas elecciones las gana la ultraderecha. Imaginemos que la ultraderecha decide hacer con los gays la mitad de lo que hizo Orbán en Hungría o incluso lo que hace Putin en Rusia. En la práctica, contará con un sistema de vigilancia concebido para que no se mueva un clip en internet sin que se sepa en el Ministerio del Interior.
Por otra parte y como se ha demostrado en otras ocasiones, como por ejemplo en Australia, un sistema de estas características es fácilmente burlable mediante VPNs o, como en el caso de la aplicación desarrollada por la Unión Europea, fácilmente manipulable. Los sistemas desarrollados por terceros aún están muy verdes. Por otro lado están las enormes dudas legales a propósito de la privacidad.
En España, un intento de instaurar lo que el ingenio popular bautizó como Pajaporte ya fracasó antes de llegar a ponerse en marcha. Esperemos que se imponga aquí también la sensatez.
Por si no tienes tiempo de leerlo todo
El texto reflexiona sobre los retos y peligros de aplicar restricciones y controles de edad digitales por parte de los Gobiernos, comparándolo con la regulación histórica del tabaco. Mientras que prohibir totalmente ciertas sustancias suele ser contraproducente y fomentar el mercado negro, regular el acceso a internet (como a redes sociales o pornografía) plantea un dilema muy grave sobre la privacidad de los ciudadanos, el secreto de las comunicaciones y el riesgo de crear sistemas de vigilancia masiva que podrían ser mal utilizados en el futuro.
Tres ideas principales
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La ineficacia de las prohibiciones totales: La historia demuestra que prohibir de golpe sustancias o conductas adictivas suele generar contrabando y mafias, por lo que es mejor apostar por la educación y un control de acceso sensato (como verificar la mayoría de edad sin vulnerar la identidad).
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El peligro para la privacidad digital: Intentar verificar la edad para acceder a redes sociales o contenido para adultos mediante sistemas estatales de identificación digital pone en riesgo la privacidad y choca con el derecho al secreto de las comunicaciones.
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Riesgos de control político y fallos técnicos: Los proyectos de ley actuales suelen proponer tecnologías que aún no existen o que son poco realistas en los plazos, creando bases de datos sensibles que podrían ser utilizadas por futuros gobiernos para la vigilancia masiva o la persecución ideológica.
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