Maricarmen, vienesa honoraria

De la protección social en Austria al drama del alquiler en España: el caso Maricarmen demuestra cómo la presión popular puede frenar a los buitres inmobiliarios y forzar cambios legales.

29 de septiembre.- Con una cierta periodicidad me contactan medios de comunicación españoles para que les cuente cómo funcionan las viviendas sociales en Austria.

Si no me falla la memoria, un tercio del parque de viviendas disponibles en la capital de Esta Pequeña República pertenece al Estado, que es, por lo tanto, el casero de muchísima gente con todas las obligaciones que ello implica. Los baremos de los alquileres sociales tienen también el efecto positivo de tirar a la baja del precio de los alquileres de mercado libre, con lo cual, aunque aquí también cuecen habas como en todas partes, tiene como consecuencia que el problema de la vivienda es menos sangrante que en España.

Los “alquilinos” también cuentan con la ayuda de la Arbeiterkammer o Cámara de los Trabajadores, organismo Robin Hood que lo mismo vale para un roto que para un descosido. O sea, que lo mismo te aconseja para que evites las asechanzas del casero buitre que te orienta sobre contratos de trabajo.

Un primor.

Los medios austriacos han recogido (uno diría que con cierta perplejidad) las movilizaciones ciudadanas a propósito del caso de la Sra. Maricarmen, y le han dedicado espacio al injusto trato que la pobre señora ha recibido. Empezando por el siempre eficaz Josef Manola, corresponsal de la tele pública austriaca en Madrid y siguiendo por los periódicos de izquierdas (Der Standard, singularmente) que han recogido en sus páginas y en sus ediciones digitales lo que aquí en Centroeuropa se considera la visión de las barbas del vecino remojadas.

O sea, lo que no se quiere que pase aquí.

El caso de Maricarmen ha terminado bien. Cuando salga del hospital en el que se encuentra ingresada debido a una crisis general de agotamiento, podrá volver a su casa y encontrarse en el descansillo de la escalera con Elvira Lindo y con Antonio Muñoz Molina, sus vecinos (la “famosa escritora” que se ofreció a pagar la diferencia entre la renta original y la que querían imponerle los buitres de Urbagestión seguramente sea ella). Además, el Gobierno, especialmente el partido socialdemócrata español, se ha puesto las pilas y hoy ha aprobado el que ha venido en llamarse “decreto Maricamen” conforme al cual se tomarán medidas para que, por lo menos, los buitres no puedan echar a pobres ancianas impedidas de sus casas “sin su permiso” (vamos a ver si nos centramos ¿Quién va a dar permiso para que le pongan de patitas en la calle?).

Veo que he pasado de la mitad del artículo y que, imperdonable descortesía, no le he explicado a mis lectores de fuera de España lo que ha pasado con Maricarmen. Pues verán: en 1956, la actual calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid estaba en las afueras. En aquellos días, el pdre de la Sra. Maricarmen, que tenía una vaquería, alquiló un piso en lo que entonces era un sitio de la capital de España que pillaba bastante a trasmano. Sucedió que, conforme a la ley franquista (dato a tener en cuenta) las mujeres no podían figurar en los contratos, con lo cual el de alquiler de su casa se hizo a nombre de él. Maricarmen, entonces una chica joven, se fue a vivir con sus padres. El señor falleció en los setenta del siglo pasado y, conforme a la ley, el contrato fue “heredado” por su esposa. A la muerte de esta, lo heredó su hija, Maricarmen, en las mismas condiciones (un contrato de renta antigua). El resquicio legal que los administradores (desalmados) de Urbagestión aprovecharon fue que, según la ley, los contratos solo pueden “heredarse” una vez, con lo cual le hicieron la vida imposible a Maricarmen tratando de cobrarle un alquiler que la pobre señora de 87 años no podía pagar. Hay que tener en cuenta que, entretanto, Alcalde Sáinz de Baranda se ha convertido en una de las zonas más caras de Madrid.

Hoy por la mañana -bien está lo que bien acaba- los caseros y los representantes legales de Maricarmen han llegado a un acuerdo. Ha sido decisiva la gran presión popular -acampada en la Puerta del Sol incluida- y hay que agradecer también la mediación del Ayuntamiento de Madrid.

El caso de Maricarmen (y de eso, lógicamente, no se han ocupado los medios austriacos) ha dado ocasión a una exhibición insólita de falta de entrañas por parte de personas que, desafortunadamente, están en posición de que sus opiniones se conozcan. Empezando por la presidenta del Gobierno de Madrid (no debería asombrarnos, porque su gestión es la exhibición continua de la falta de entrañas que la aqueja) y siguiendo por periodistas que la jalean, haga lo que haga (hombre, para eso la Comunidad de Madrid se encarga de regar los pseudomedios con generosos contratos de publicidad institucional, quien paga exige). En fin, gente que ha hecho de la maldad una forma de vida.

Hace unos días le escribía a una lectora que la desventaja que tenemos las personas decentes es que, con frecuencia, no podemos concebir el mal. No es, por desgracia, por no tener ejemplos a la vista.

2) Resumen corto e ideas principales

Resumen: El texto compara el sólido modelo de vivienda social en Austria con la precaria situación del alquiler en España, ilustrada a través del mediático desahucio evitado de la señora Maricarmen en Madrid. La presión social, la mediación municipal y la reacción legislativa del Gobierno permitieron frenar el abuso inmobiliario basado en un resquicio legal sobre contratos de renta antigua.

Por si no te ha dado tiempo de leeerlo todo (*)

• Contraste de modelos de vivienda: Mientras que el amplio parque de vivienda pública en Viena contiene los precios del mercado libre y protege al inquilino, el mercado madrileño expone a vulnerabilidades extremas a los arrendatarios.

• El caso Maricarmen y la movilización ciudadana: Un resquicio legal sobre la transmisión de contratos de renta antigua dejó desprotegida a una anciana de 87 años, cuya continuidad en su hogar se logró únicamente tras una intensa presión popular y mediática.

• Respuesta legislativa y crítica política: La mediación institucional derivó en el «decreto Maricarmen» para frenar abusos inmobiliarios similares, sirviendo además para visibilizar la falta de empatía de ciertos sectores políticos y mediáticos locales.

(*) Resumen obtenido con IA